Escrito por: | 03/11/2018|

Diferentes asociaciones, universidades y centros educativos, de ámbito católicos, junto con el Arzobispado de Valencia y los Obispados de Segorbe-Castellón y de Orihuela-Alicante han hecho público un manifiesto sobre la libertad de educación.

En los últimos años, periódicamente, los católicos han expresado su inquietud de que no se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas (entiéndase: católicas) y a que los idearios de los centros de la Iglesia se vean violentados por ideologías anticristianas, por ejemplo, la ideología de género. Por último, también alertan a menudo de las restricciones que imponen ciertas administraciones públicas cuando se determinan el número de  unidades concertadas (a causa del rechazo ideológico a modelos educativos distintos del de la coeducación, por ejemplo).

Desde la lucha contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía se han sucedido en educación escaramuzas perfectamente comprensibles contra la invasión del Estado en el ámbito familiar y escolar, incluida en la llamada enseñanza concertada.

Lo grave, en mi opinión, no es tanto la presencia de la ideología de género o del homosexualismo militante en nuestras aulas –la mayoría de las veces consentida por las familias-, sino el monopolio del Estado que hace de la escuela una institución ideológica.

Sin duda es imprescindible un trabajo pedagógico, de denuncia, sobre la manipulación de las ideologías dominantes o de los intereses políticos para hacer del sistema educativo, controlado por el Estado, una institución teleocrática. Pero no nos engañemos: es muy insuficiente.

La cuestión principal no es el papel del colectivo LGTBI como grupo de presión o materias concretas como la que existe en Castilla-La Mancha llamada Educación para la Tolerancia, la igualdad y la Diversidad. La cuestión central es el papel del Estado como institución educadora de una moral en absoluto compartida por la sociedad a causa del monopolio hegemónico del Estado sobre la sociedad.

Es imprescindible, en mi opinión, que el pensamiento liberal empiece, aunque sea de modo teórico, a elaborar instrumentos intelectuales que permitan discutir el lugar que ocupa el Estado en tanto garante del sistema educativo. Imbuidos por planteamientos estatalistas –cuyo origen más cercano, en España, se halla en el franquismo, heredero del fascismo, ideología profundamente estatalizante-, pensamos, como si fuera natural, que el Sistema Educativo es fundamentalmente estatal y que la sociedad no es más que un apéndice un tanto molesto para las omnímodas pretensiones de las Administraciones públicas y de los grupos políticos que lo promocionan.

Poco importa que sea la ideología de género, el ateísmo o el catolicismo lo que desde una instancia política superior a la sociedad se quiera imponer. Semejante realidad es absolutamente ajena a lo que Karl Popper llamó “sociedades abiertas”. Esa es la auténtica lucha.